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Se ha hecho común escuchar que nadie puede realizar una investigación paralela en materia de procesos penales. El nuevo presidente de la Corte Suprema ha caído en la postura de unirse a ese predicamento, sin realizar un mayor análisis jurídico.

Lo cierto es que tal planteamiento está alejado de la realidad. Cualquiera puede realizar una investigación paralela, especialmente en materia penal, en la medida que no afecte las garantías constitucionales de los demás.

El problema es que no tendrá muchos resultados si carece de la fuerza necesaria para obtener la colaboración de terceros. Porque si pretende ser eficaz, de no contar con la voluntad de otros, no podrá avanzar mucho.

En el nuevo proceso penal precisamente la Defensa del imputado estará obligada a realizar investigación paralela (con testigos, documentos y peritos) para llegar al juicio en buenas condiciones para enfrentar la prueba de la Fiscalía. Es más, dentro de los requisitos mínimos exigidos a los estudios de abogados que deseen licitar causas penales, como al que pertenece el suscrito, se contempla la presencia de un asesor criminalista o detective privado.

Lo anterior es necesario, porque pese a que el Ministerio Público está regido por el principio de la objetividad, ha quedado claro en la práctica que sólo se preocupará de recabar los antecedentes para sostener la denuncia, y no para exculpar al imputado.

En síntesis, nos parece que ha quedado claro que no existe tal prohibición de investigar paralelamente, en la medida en que no se afecten los derechos de terceros, con apremios, presiones, etc.

Nada más alejado de la realidad.

Me parece que prohibir legalmente que menores de 14 años puedan tener relaciones sexuales libremente consentidas y, de paso, modificar el tipo penal de la violación, para que ahora se considere que la hay cuando una persona menor de 14 años tiene relaciones sexuales voluntarias, es una soberana estupidez e ignorancia respecto de la vida. Es a esto lo que se pretende llegar cuando se aumenta la edad del consentimiento para tener relaciones sexuales de 12 a 14 años.

Lamentablemente, siempre existirán sicólogos o médicos afiebradamente conservadores, teóricos y ajenos a la realidad, en los cuales nuestros queridos legisladores se apoyen para justificarse; sin embargo, no hacen un análisis muy aterrizado, porque basta pensar que ahora una persona que cursa primero o segundo medio no podrá tener relaciones sexuales con personas de su edad o con un par de años más, so pena de considerarse que hay violación, lo que significa que los jóvenes podrían ir a la cárcel hasta por 20 años; esto es antinatural y anacrónico. Nos estamos pareciendo a la cultura talibana poco a poco.

Si lo que se desea es evitar la precocidad en los menores, la vía de penalizarlos aparece como la más brutal, porque equivale a hacer entrar a un elefante en la cristalería, en circunstancias de que lo que se requiere es más y mejor educación sexual y apoyo familiar.

A estos extremos se llega cuando los parlamentarios legislan tratando de congraciarse con la galería.

Entendemos, en todo caso, que las referidas actuaciones están viciadas y pueden ser anuladas. En efecto, los parlamentarios actuaron presionados, ya que existe sobre ellos un manto de duda de ser "pedófilos", y para no hacer recaer sospechas extras sobre cada uno, la opción de ser él más duro y conservador era la única.

Lean este artículo: http://www.observer.co.uk/iraq/story/0,12239,910381,00.html

EEUU espía a miembros del Consejo de seguridad y los medios de prensa norteamericanos censuran la información. En Chile esto ha producido un escándalo y en la CNN no aparece nada. Curioso el alineamiento entre la CNN y otros medios de EEUU y su gobierno.
¡Qué pena!...tenía en alta estima a este medio informativo.

En un comienzo, Estados Unidos esgrimió que la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU le permitía atacar a Irak, para desarmarlo, sin necesidad de una segunda resolución.
Como el uso de la fuerza no era explícito y tampoco se mencionaba claramente la invasión, la mayoría del Consejo estimaba necesaria una segunda resolución, en uso del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la que, sin embargo, no tuvo consenso, pese a que Estados Unidos la sometió a su consideración (recordemos, le daba 10 días para desarmarse).
Comparto la opinión mayoritaria del Consejo y, por ende, estimo que la acción militar violó flagrantemente la institucionalidad y legalidad mundial.
Suponiendo que Estados Unidos estimaba estar actuando legalmente, su alcance estaría limitado a obtener un solo objetivo: el desarme de Irak. El posterior objetivo de derrocar y cambiar el gobierno fue doblemente ilegal, porque no fue autorizado por el Consejo y tampoco se mencionaba en parte alguna de la Resolución 1441, que supuestamente sustentaba el actuar de los norteamericanos.
Y finalmente, como guinda que corona el postre, Estados Unidos se abrogó el derecho de confeccionar una lista de buscados vivos o muertos, con la creación del macabro juego de 55 naipes con las máximas autoridades del gobierno de Irak.
Esto no lo autorizó la ONU, ni podría autorizarlo jamás. Es más, el promover el asesinato, la delación, ya no sólo es ilegal sino que derechamente abyecto y repugnante para la conciencia de la humanidad.
Tal actitud requiere una opinión categórica de repudio, no sólo por violar el derecho internacional público, sino por ser abiertamente inmoral y contraria a los principios democráticos.
Aunque he estado tentado a creer en la buena voluntad e intenciones del país del norte, las mencionadas actitudes me hacen recapacitar y empezar a ver un comportamiento imperialista que, con toda seguridad, le traerá más males a ese país de los que supuestamente intentaba evitar.

La amenaza de Estados Unidos de atacar, unilateralmente incluso, a Irak, nos recuerda lo atrasado que se encuentra el Derecho Internacional Público.

Si en cada Estado o país, especialmente si es democrático, es difícil encontrar que se permita que cada miembro pueda hacer lo que se le venga en gana, aunque tenga la fuerza de las armas, no lo es en el ámbito internacional, donde si bien es cierto existe un atisbo de Poder Ejecutivo (el Consejo de Seguridad de la ONU), no lo es menos que todavía no existe el poder independiente que pueda encuadrar en la ilegalidad a un Estado poderoso, como EE.UU., cuando no cumple las normas.

Claro, porque si bien este país esgrime que Irak es no ha cumplido las resoluciones de la ONU (obviando, con un doble estándar hipócrita, todas las resoluciones que Israel jamás ha cumplido y que lo obligan a restituir territorios palestinos), si ataca unilateralmente a Irak estará él, eso sí y claramente, incumpliendo claramente la incipiente legalidad internacional.

El uso de la fuerza o la guerra está ya proscrito de los tratados internacionales; el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho a la legítima defensa "en caso de ataque armado... hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Si aplicásemos los criterios del derecho penal, comunes a nivel internacional, tenemos que decir que la legítima defensa requiere una agresión ilegítima, real, actual o inminente. No basta la mera imputación de que se está en presencia de una agresión, pues ella debe ser verdadera, probada y la inminencia debe ser evidente. Desde este punto de vista, el peso de la prueba es de quien quiere atacar, pues debe probar la agresión o la inminencia de la misma: EE.UU. debe probar las bases de su posición, esto es, que Irak tiene armas de destrucción masiva o químicas, y no pedirle a este país que pruebe que no las tiene. Si EE.UU. habla de agresión inminente, es porque ha llegado a un punto de convicción y de acumulación de evidencias donde ya no debiera costarle mucho probar la efectividad de dichas armas y mandar a dichos lugares a los inspectores de la ONU.

Pues bien, para la mayoría de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, encabezados por Francia, tal realidad o inminencia de la agresión no existe, y piden que los inspectores de armas puedan seguir su trabajo; la secundan Rusia y China. De los no permanentes, tampoco ven la inminencia, de manera decidida, Alemania, Camerún, Guinea y Siria; en una posición más cercana a EE.UU. están México, Chile, Angola y Pakistán, que probablemente al más mínimo atisbo de que EE.UU. mejora su posición, se le unirán. Los únicos países que apoyan a EE.UU. son Inglaterra y España y eventualmente Bulgaria.

Dado el papel que podemos mínimamente jugar en este asunto, la opinión pública chilena debe saber que si bien es cierto que las relaciones internacionales de Chile las resuelve el Presidente de la República, éste debe recordar que es nuestro Mandatario y debe cumplir la voluntad popular.Si nos doblamos ante EE.UU., como pago por el Tratado de Libre Comercio, haciéndonos eco de su casi declarado afán de hacerse con el segundo país productor mundial de petróleo, nos haremos un país aún más pequeño y de poco respeto internacional.

Chile se ufana de contribuciones en el ámbito internacional y del respeto que se le tiene; si es así, esperamos, entonces, que no se pierda, con decisiones obsecuentes con el poderoso que se apartan del Derecho Internacional Público que nos debiera regir a todos por igual.

Sin considerar razones económicas, que también avalan esta posición, Chile debe apoyar a Francia en esta cuestión, de manera clara y decidida y no esperar cómodamente ver cuál es la posición mayoritaria, para unirse luego a ella. Eufemismos como la búsqueda del consenso no son sino la forma de ocultar la falta de dicha posición clara y categórica, que no es otra que una que debe estar sustentada en el derecho internacional.